a 8-a legislatură Tania GONZÁLEZ PEÑAS

En este momento Dinamarca es miembro de pleno derecho de Eurojust. El nuevo Reglamento (UE) 2018/1727 de Eurojust entrará en vigor el 12 de diciembre de 2019. A partir de ese momento, debido al Protocolo n. 22 de los Tratados, Dinamarca se considerará como un tercer Estado con respecto a Eurojust. Sin embargo, Dinamarca ha expresado el deseo de seguir participando en las actividades de Eurojust. Por este motivo, si tuviéramos que esperar a la entrada en vigor del nuevo Reglamento para concluir un acuerdo específico, habría una «brecha operativa» hasta que el nuevo acuerdo entrara en vigor. Por lo tanto, Eurojust ha celebrado un acuerdo de conformidad con el marco legal vigente, que solo contempla la consulta al PE (es decir, no tiene poder de veto ni posibilidad de modificar el contenido del acuerdo). La posición habitual del grupo respecto al acuerdo internacional de Eurojust es la abstención. Sin embargo, Dinamarca tenía el mismo problema con Europol, y en ese caso el grupo votó a favor. Si Dinamarca desea participar en el sistema de cooperación judicial de la UE, como lo está haciendo ahora, no hay razones particulares para oponerse. Por lo tanto, hemos votado a favor.

Hemos votado a favor de la revisión del Reglamento que persigue mejorar y actualizar la coordinación de los sistemas nacionales de Seguridad Social con el objeto de garantizar una protección más eficaz y adecuada de los beneficiarios; así como favorecer un mejor control de situaciones con vistas a evitar abusos y malas prácticas.
La modificación abarca seis bloques de disposiciones en los Reglamentos, las relativas a: igualdad de trato (acceso a prestaciones de ciudadanos UE económicamente inactivos); prestaciones familiares, prestaciones por cuidados de larga duración, prestaciones por desempleo, legislación aplicable, y modificaciones diversas.
Las partes más sensibles eran las relativas desempleo y legislación aplicable. Se han mejorado aspectos para eliminar vacíos legales y evitar el fraude (como la necesidad de informar al país de recepción de manera formal previo al envío del trabajador), evitar que los trabajadores desplazados y sujetos a movilidad pierdan derechos y prestaciones, que un trabajador que se envía a trabajar fuera al menos lleve 3 meses cotizados en el país de origen, o que ese trabajo fuera no pueda prolongarse por más de 18 meses sin que pase a ser trabajador del otro Estado y tener las condiciones y beneficios de ese otro Estado miembro.

Hemos votado a favor. El año pasado la Comisión Europea presentó su última propuesta del paquete de movilidad limpia por primera vez en la historia de las emisiones de CO2 para los camiones, pero sin incluir los autobuses y autocares de inmediato. En conjunto, los vehículos pesados son responsables de la cuarta parte de las emisiones totales de CO2 del transporte por carretera, o el 6 % de las emisiones totales de CO2 de la UE. La propuesta establece objetivos de reducción del 15 % para 2025 según los niveles de 2019, y al menos una reducción potencial del 30 % para 2030, sujeto a revisión en 2022. Solo se cubren los camiones grandes, mientras que los vehículos vocacionales, autobuses, autocares y remolques están exentos. Hasta 2022 cuando se ampliará el alcance. La propuesta incluye un mecanismo de súper créditos para incentivar la utilización de vehículos de emisiones bajas y cero (ZLEV).