Baile Idoia VILLANUEVA RUIZ

En este informe se votaba la reforma de los procedimientos y actividades parlamentarias de cara a la nueva legislatura. El texto incluía un paquete de medidas muy diversas, de las cuales algunas de ellas eran positivas, especialmente las referidas a la rendición de cuentas, y otras negativas, como los intentos por invisibilizar a los grupos más pequeños. Por estos motivos, nos hemos abstenido.

Voto en contra. Es el informe más importante del PEMA. Incluye la obligación para todos los Estados miembro de disponer de un procedimiento fronterizo cuyo objetivo es, fundamentalmente y según la Comisión ha declarado de forma explícita, “deportar rápido al país de origen o a un tercer país seguro” (o incluso a una zona segura de un país tercero). Por tanto, deja la puerta abierta a la instauración del odioso modelo “Ruanda”. Además, los solicitantes de asilo no tendrán acceso a asistencia legal gratuita, las familias con menores podrán ser detenidas y la ficción de “no entrada” (noción claramente fuera del marco legal y de la realidad) permitirá detener a las personas migrantes en la misma frontera.

Voto en contra. Es parte del PEMA. Es una regulación que permite derogar los derechos recogidos en el sistema de asilo en casos de “crisis”, tales como una llegada masiva de personas, casos de “fuerza mayor” o “instrumentalización”. Al evocar estos criterios, lo que ocasiona es que se canalicen a más personas hacia el procedimiento fronterizo. Además de todo lo negativo que implica el procedimiento fronterizo, se añaden, por la regulación “crisis”, varios elementos que se dirigen igualmente a aumentar la detención y las deportaciones la extensión del procedimiento de asilo y retorno, y por tanto el alargamiento del periodo de detención; no se excluirán a las familias y a las personas vulnerables de este procedimiento; y se activará, a peor, el criterio “nivel de reconocimiento de asilo” para excluir del asilo.